La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó una polémica ley que declara como propiedad estatal una franja de 15 kilómetros a lo largo de las fronteras con Costa Rica y Honduras. La normativa, respaldada por partidos aliados del oficialismo, legaliza la confiscación de tierras privadas, afectando a miles de propietarios en las zonas limítrofes.
Ambientalistas y defensores de derechos humanos advierten que esta ley abre la puerta a nuevas concesiones mineras, desalojos forzados y el despojo de territorios indígenas, bajo el argumento de proteger la soberanía nacional ante supuestas amenazas externas.
