Nicaragua, el país que se convirtió en la Corea del Norte de Centroamérica

Imagine un país donde viajar con libros puede ser motivo de sospecha, donde no circulan periódicos independientes y donde los gobernantes están en todas partes. Un país en el que incluso suspirar exige cautela porque una frase mínima puede convertirse en una condena. No se trata de Corea del Norte, Sudán del Sur o Bielorrusia. Se trata de Nicaragua, gobernada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La situación de los derechos humanos continúa deteriorándose sin señales de moderación por parte del régimen. Desde el estallido social de 2018, más de 350 personas han sido asesinadas, miles resultaron heridas y otras miles pasaron por prisión. A partir de ese momento, la dictadura se concentró en reforzar su control sobre cada ámbito de la vida nacional, desde la prensa y la universidad hasta la iglesia y la empresa privada.

Hoy el régimen atraviesa un punto de inflexión marcado por la preparación de una posible sucesión dinástica. El analista político Eliseo Núñez sostiene que la estrategia de Ortega busca evitar un escenario de confrontación armada mientras consolida un dominio absoluto. En ese marco, a finales de 2024 se aprobaron reformas constitucionales que desmantelaron el sistema de contrapesos y elevaron a Rosario Murillo a la figura de copresidenta.

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En enero de 2025, el régimen avanzó aún más al eliminar la prohibición constitucional de la tortura, abriendo la puerta a la legalización de prácticas represivas. Al menos 62 presos políticos continúan en detención arbitraria, varios en condición de desaparición forzada. Aunque algunas liberaciones han reducido las cifras, los excarcelados viven bajo vigilancia permanente y arresto domiciliario de facto.

Según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas, presos de conciencia y antiguos aliados del propio régimen han sido sometidos a torturas físicas y psicológicas. El abogado Salvador Marenco, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, afirma que se han documentado más de 400 perpetradores de crímenes de lesa humanidad.

La represión también se ha extendido fuera de las fronteras mediante una política transnacional contra el exilio. Revocaciones de nacionalidad, amenazas a familiares y abusos de mecanismos internacionales culminaron en 2025 con el asesinato del opositor Roberto Samcam en Costa Rica. Para la diputada Priscila Vindas, el crimen envió un mensaje de terror a la comunidad nicaragüense refugiada.

Organismos internacionales coinciden en que el régimen es responsable de crímenes de lesa humanidad. Aunque Nicaragua no ocupa titulares permanentes, la represión sigue operando de forma sistemática. Ortega ejerce el poder, pero gobierna desde el miedo, sosteniéndose no en la legitimidad democrática sino en el control y el encarcelamiento.