Debate en Costa Rica por recorte presupuestario a Migración: ¿Afectará a nicaragüenses?

Un recorte presupuestario de ₡147.3 millones de colones (unos $278,000) a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), incluido en el Presupuesto Extraordinario 2025, ha desatado un intenso debate en Costa Rica. Mientras organizaciones civiles y sindicatos advierten sobre un debilitamiento grave de la institución, el Gobierno asegura que los servicios esenciales no se verán comprometidos. Parte de los fondos serían redirigidos a la construcción de un Centro de Alta Contención de la Criminalidad (CACCO), una megacárcel impulsada por el Ejecutivo.

Rechazo de organizaciones civiles

Diversas organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), manifestaron un “rotundo rechazo” al recorte. Su presidente, Jhoswel Martínez, recordó que este ajuste es parte de una reducción mayor de ₡253.7 millones (alrededor de $479,000 dólares) al Ministerio de Gobernación y Policía, y advirtió que debilitar a Migración para financiar un centro penitenciario es un error de prioridades.

Martínez señaló que varios diputados desconocen la “situación gravísima” de la DGME, donde se acumulan atrasos y carencias de recursos. Según ASIDEHU, la medida pondrá en riesgo funciones vitales como la emisión de pasaportes y documentos de identidad migratoria (DIMEX), así como el trabajo del Tribunal Administrativo Migratorio, que también sufrió un recorte de ₡8.7 millones (unos $16,400 dólares).

Las organizaciones subrayan que el impacto alcanzaría directamente a la población migrante, que vería limitados derechos básicos como:

• Acceso a identidad y documentación legal, requisito indispensable para trabajar y cotizar en la seguridad social.
• Justicia y debido proceso, por la falta de recursos para resolver apelaciones y trámites en el Tribunal Administrativo Migratorio.
• Igualdad y no discriminación, debido a que los trámites ya presentan atrasos de hasta 12 meses.

Un punto crítico es la Unidad de Refugio, que acumula más de 224,000 expedientes pendientes y que, según las organizaciones, quedará aún más debilitada. Recordaron además que varias oficinas regionales dependen de donaciones internacionales para seguir funcionando.

En su planteamiento, las organizaciones solicitaron a la Comisión de Asuntos Hacendarios rechazar o posponer el recorte, y propusieron que, en caso de ajustes, los recursos se dirijan a reforzar la atención de refugio. También destacaron que los migrantes representan el 10% de la población y aportan el 11% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que a su criterio justifica fortalecer en lugar de reducir el presupuesto de Migración.

Preocupación sindical

La voz crítica también se alzó desde el sector público. Gerardo Mora Ordóñez, presidente de la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en la Policía Profesional de Migración, afirmó que el recorte afectará directamente la labor policial, ya de por sí limitada por la falta de personal y recursos.

Mora aseguró que los oficiales enfrentan una sobrecarga de trabajo y que la medida reducirá aún más la capacidad operativa. Recordó que el ministro de Gobernación y Policía, Mario Zamora Cordero, conoce la “falta de personal, capacitaciones y recursos” en áreas clave como refugiados y extranjería. Para el dirigente sindical, destinar fondos a una megacárcel mientras se mantienen rezagos en Migración es una decisión equivocada.

La defensa del Gobierno

Frente a estas críticas, la Dirección General de Migración y Extranjería rechazó “categóricamente” los señalamientos de debilitamiento institucional. El viceministro de Gobernación y Policía, Omer Badilla, sostuvo que la reducción de ₡147.3 millones (unos $278,000 dólares) corresponde a partidas “que no tenían relación directa con la atención de personas migrantes y que no serían utilizadas”.

Badilla insistió en que los servicios esenciales de la DGME no se verán comprometidos y presentó datos para respaldar su afirmación:

• En refugio, la mora bajó de 220,000 a 173,000 expedientes, con citas en un plazo de un año.
• En extranjería, se trabaja para reducir casos pendientes de 39,000 a 18,000 antes de diciembre.
• En pasaportes, se recibieron 600,000 nuevas libretas biométricas que cubren la demanda nacional.
• En documentación, los atrasos actuales oscilan entre una y dos semanas, lo que calificó como “no significativo”.

El viceministro concluyó que, a pesar de las limitaciones en recurso humano, la institución “trabaja al 100%” y que la reasignación no afectará los programas sustantivos de Migración ni de la Policía Profesional de Migración.

Un debate abierto

El recorte a la DGME ha puesto sobre la mesa un dilema de política pública: destinar recursos a la seguridad carcelaria o a la gestión migratoria en un país donde uno de cada diez habitantes es migrante. Mientras las organizaciones civiles y sindicatos alertan sobre riesgos para derechos fundamentales y eficacia institucional, el Gobierno sostiene que la medida es un ajuste técnico que no comprometerá los servicios.

La última palabra quedará en manos de la Asamblea Legislativa, cuya decisión será determinante para el futuro de la atención migratoria en Costa Rica.