Nicaragüenses pagaron con sus impuestos la masacre de abril de 2018, según la ONU

Al menos cinco millones de dólares provenientes del Presupuesto General de la República fueron utilizados para financiar la represión estatal contra las protestas de abril de 2018 en Nicaragua. Ese dinero público, originalmente destinado a programas sociales y proyectos municipales, fue desviado para sostener operaciones represivas del régimen, según documenta el más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas.

La investigación señala que solo durante los primeros dos meses de la llamada Operación Limpieza se utilizaron esos recursos para financiar logística, movilización de grupos armados progubernamentales y operaciones destinadas a desmontar las protestas ciudadanas que se extendieron por el país en 2018.
El informe identifica al menos 13 proyectos financiados con recursos del Estado que fueron utilizados para sostener la represión en municipios de los departamentos de Carazo, Granada, Managua, Masaya y Matagalpa, donde las manifestaciones antigubernamentales tuvieron mayor intensidad.

Los hallazgos refuerzan una conclusión central del informe. La represión no solo fue una política de Estado, sino también una operación financiada con dinero público, lo que vincula directamente actos de corrupción con violaciones graves a los derechos humanos.

Una estructura paralela para financiar la represión

De acuerdo con la investigación, el desvío de recursos fue coordinado a través de una estructura paralela dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que operaba al margen de los procedimientos administrativos formales.

Esa estructura estaba dirigida políticamente por Rosario Murillo, quien entonces ejercía como vicepresidenta. El operador clave dentro del esquema fue Fidel Moreno, secretario de organización del partido oficialista y funcionario de la Alcaldía de Managua, señalado como el encargado de transmitir las órdenes y coordinar las operaciones.

Fidel Moreno, Daniel Ortega y Rosario Murillo en acto oficial. Ilustración asistida por IA

Según el informe, a finales de mayo o inicios de junio de 2018 Moreno convocó una reunión en la Alcaldía de Managua con funcionarios y operadores políticos del partido. En ese encuentro ordenó reasignar parte del presupuesto de distintas instituciones públicas para financiar la logística de las operaciones represivas.
En la reunión participaron autoridades municipales, secretarios políticos departamentales del partido gobernante y representantes de varias instituciones estatales.

Las entidades convocadas tenían en común que sus presupuestos incluían partidas destinadas a bonificaciones económicas o programas de asistencia social, fondos que podían ser desviados con relativa facilidad.

Los recursos fueron redirigidos desde proyectos municipales de corto plazo relacionados con limpieza urbana, asistencia humanitaria o relaciones públicas, que funcionaron como cobertura contable para financiar actividades represivas.

Ese dinero permitió cubrir transporte, combustible, alimentación, equipos y estipendios para miembros de grupos armados progubernamentales que participaron en la desarticulación violenta de las protestas.

El informe también señala que Moreno coordinó estas operaciones con un grupo reducido de colaboradores de confianza, entre ellos especialistas en finanzas y dirigentes del partido, con el objetivo de integrar los gastos dentro de los sistemas formales de contabilidad estatal y ocultar su verdadero destino.

Para los investigadores de Naciones Unidas, este mecanismo demuestra el vínculo directo entre corrupción estatal y represión política.

La persecución que cruzó fronteras

Más allá de los hechos ocurridos en 2018, el informe concluye que la represión se ha transformado en una estructura permanente de persecución política.
Según los expertos, el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ampliado las acciones de control y vigilancia hacia la diáspora nicaragüense, convirtiendo la persecución en una política que trasciende las fronteras del país.

Embajadas y consulados funcionan como centros de monitoreo político, encargados de recopilar información sobre activistas, periodistas y opositores en el exilio. Las acciones incluyen vigilancia digital, campañas de difamación y exposición de datos personales contra críticos del régimen.

El informe también documenta episodios de violencia física contra opositores en el extranjero. Uno de los casos más graves es el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, ocurrido en San José, Costa Rica, en junio de 2025. Según el Grupo de Expertos, el crimen habría sido precedido por operaciones de vigilancia vinculadas a redes cercanas al régimen.

Ilustración asistida por IA: Roberto Samcam, mayor en retiro y voz crítica en el exilio, asesinado en junio de 2025

Posibles crímenes de lesa humanidad

El informe concluye que las prácticas documentadas, que incluyen represión violenta, persecución política y operaciones de vigilancia en el exterior, constituyen indicios de crímenes de lesa humanidad.

Ante la negativa del Estado nicaragüense de cooperar con mecanismos internacionales, los expertos instan a la comunidad internacional a investigar a los responsables y aplicar sanciones contra funcionarios involucrados.

Uno de los hallazgos más contundentes de la investigación resume la gravedad del caso. Parte de la represión que dejó cientos de muertos durante las protestas de 2018 fue financiada con dinero proveniente de los impuestos de los propios nicaragüenses.